La tutela

¿Qué es la institución de la tutela?

El sometimiento a la tutela queda reservado para aquellos casos en los que se decreta mediante sentencia la incapacitación total, convirtiéndose el tutor en el representante legal del incapaz tanto en el ámbito personal como en el patrimonial.

A diferencia de las otras figuras legales establecidas en nuestro Código Civil para el cuidado del incapaz, en la tutela éste no cuenta con la capacidad de velar por su patrimonio y además tampoco es capaz de gobernarse a sí mismo, a su persona.

¿Quién puede ostentar el cargo de tutor?

El juez acordará el nombramiento del tutor en base a lo dispuesto en el art. 234 CC que establece el orden de preferencia de aquellas personas que podrán ostentar el cargo de tutores:

a) El designado por el propio incapacitado en documento notarial antes de ser declarado incapaz, cuando todavía contaba con capacidad de obrar.

b) El cónyuge.

c) Los padres.

d) La persona designada por los padres en sus disposiciones de última voluntad o documento público notarial

e) Ascendiente, descendiente o hermano que designe el juez.

No obstante, nuestro Código Civil menciona al final del mencionado art. 234 CC: “Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exigiere”, por lo que en caso de estimar a cualquiera de las personas relacionadas como no idónea para ejercer el cargo se podrá alterar el orden o incluso prescindir de la misma. Dicha circunstancia sería contemplada por ejemplo para el caso de un eventual conflicto de intereses con el incapaz.

¿Qué personas quedan excluidas como tutores?

Además los art. 243 y 244 CC señalan aquellas personas que no pueden ser designadas tutores:

1. Los que estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o total o parcialmente de los derechos de guarda y educación, por resolución judicial.

2. Los que hubieren sido legalmente removidos de una tutela anterior.

3. Los condenados a cualquier pena privativa de libertad, mientras están cumpliendo la condena.

4. Los condenados por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñarán bien la tutela.

5. Las personas en quienes concurra imposibilidad absoluta de hecho.

6. Los que tuvieren enemistad manifiesta con el menor o incapacitado.

7. Las personas de mala conducta o que no tuvieren manera de vivir conocida.

8. Los que tuvieren importantes conflictos de intereses con el menor o incapacitado, mantengan con él pleito o actuaciones sobre el estado civil o sobre la titularidad de los bienes, o los que le adeudaren sumas de consideración.

9. Los quebrados y concursados no rehabilitados, salvo que la tutela lo sea solamente de la persona.

¿Cuáles son las obligaciones del tutor?

La principal oblicación del tutor es velar por el tutelado y, en particular:

1. A procurarle alimentos.

2. A educar al menor y procurarle una formación integral.

3. A promover la adquisición o recuperación de la capacidad del tutelado y su mejor inserción en la sociedad.

4. A informar al Juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración (art. 269 CC).

Además de la citada obligación general que ha de inspirar toda actuación del tutor para con su tutelado, aquel cuenta con la obligación de rendir cuentas frente al juez en diferentes momentos del ejercicio de su cargo mediante los siguientes escritos:

1. Inventario: según lo establecido en el art. 262 CC: “El tutor está obligado a hacer inventario de los bienes del tutelado dentro del plazo de sesenta días, a contar de aquél en que hubiera tomado posesión de su cargo” dicho plazo podrá ser prorrogado por el juez si concurre causa para ello.

2. Rendición anual: cada año el tutor deberá presentar un informe al juez que contenga los detalles de la situación personal del tutelado (la evolución de su enfermedad, el estado de integración social, etc.) y la situación patrimonial donde se detalle el estado de sus cuentas, los ingresos y gastos que se hayan producido, etc.

3. Rendición final de cuentas (cuenta general justificada): en armonía con lo dispuesto en el art. 279 CC: “El tutor al cesar en sus funciones deberá rendir la cuenta general justificada de su administración ante la Autoridad judicial en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa”, en dicha cuenta general justificada, el tutor pondrá de manifiesto el patrimonio existente al cese de su cargo con el fin de poder compararlo con el que existía cuando tomó posesión.

¿Cómo se controla la actuación del tutor?

La actuación del tutor se encuentra supervisada en todo momento por el juez, el cual, además de seguir periódicamente lo acontecido respecto del patrimonio y la esfera personal del tutelado a través de los escritos antes referidos, debe autorizar cualquier modificación sustancial en el patrimonio o la situación del incapaz que puedan menoscabar sus intereses. El art. 271 CC establece que el tutor necesita autorización judicial:

1. Para internar al tutelado en un establecimiento de salud mental o de educación o formación especial.

2. Para enajenar o gravar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios de los menores o incapacitados, o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Se exceptúa la venta del derecho de suscripción preferente de acciones.

3. Para renunciar derechos, así como transigir o someter a arbitraje cuestiones en que el tutelado estuviese interesado.

4. Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia, o para repudiar ésta o las liberalidades.

5. Para hacer gastos extraordinarios en los bienes.

6. Para entablar demanda en nombre de los sujetos a tutela, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.

7. Para ceder bienes en arrendamiento por tiempo superior a seis años.

8. Para dar y tomar dinero a préstamo.

9. Para disponer a título gratuito de bienes o derechos del tutelado.

10. Para ceder a terceros los créditos que el tutelado tenga contra él, o adquirir a título oneroso los créditos de terceros contra el tutelado.

Una vez más el legislador pone de manifiesto su interés en establecer todas las medidas de aseguramiento necesarias para proteger al incapaz, se trata de establecer un sistema de control preventivo que evite cualquier actividad que pueda poner en riesgo la situación del tutelado.

¿Cuándo se extingue la tutela?

Encontramos la respuesta en el tenor literal de los arts. 276 y 277 CC:

1. Cuando el menor de edad cumple los dieciocho años, a menos que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado.

2. Por la adopción del tutelado menor de edad.

3. Por fallecimiento de la persona sometida a tutela.

4. Por la concesión al menor del beneficio de la mayor edad.

5. Cuando habiéndose originado por privación o suspensión de la patria potestad, el titular de ésta la recupere.

6. Al dictarse la resolución judicial que ponga fin a la incapacitación o que modifique la sentencia de incapacitación en virtud de la cual se sustituye la tutela por la curatela (este supuesto se produce cuando se dicte sentencia en la que se reintegre la capacidad al tutelado por entender que vuelve a contar con la capacidad de gobernarse a sí mismo, o bien, se modifique el alcance de la incapacidad pasando a revestir otra figura de las que serán explicadas mas adelante).

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