La incapacitación

La mayoría de edad determina el momento en el cual una persona alcanza la capacidad plena de obrar, establecida en nuestro ordenamiento jurídico a los dieciocho años, facultándole para ejercitar derechos así como encontrarse sujeto a deberes y formalizar actos jurídicos.

La incapacitación es un procedimiento judicial encaminado a declarar a una persona incapaz para administrar o gobernar su patrimonio y/o su propia persona. La sentencia que declare la incapacidad despliega efectos de diversa índole en función del grado de incapacidad que supone una restricción total o parcial de la capacidad de obrar.

Se trata, por tanto, de una medida de protección necesaria destinada a aquellas personas que por “enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico no puedan gobernarse por sí mismas” (art. 200 Código Civil). Es importante dejar claro que el mero hecho de padecer una enfermedad o deficiencia no es razón suficiente para ser incapacitado. Es la limitación de su autogobierno, el no poder decidir por sí mismo sobre su persona y/o bienes, lo que puede llevarle a ser incapacitado judicialmente de forma total o parcial.

La incapacitación hay que entenderla como una medida de amparo y protección a la persona que si bien supone una limitación en su independencia, persigue la protección del individuo reforzando aquellas áreas donde precise ayuda.

¿Quién determina la incapacitación y cómo?

En armonía con lo dispuesto en el art. 199 del Código Civil: “Nadie puede ser declarado incapaz sino por sentencia judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley”. Por lo tanto, sólo el juez podrá determinar la limitación del autogobierno así como la extensión y límites de la incapacitación (art. 760 de la LEC), todo ello en virtud de sentencia judicial que se dicta con el fin de proteger tanto a la persona como su patrimonio.

Las pruebas que se practican durante el procedimiento y que dan como resultado la sentencia son, la audiencia con los parientes, el informe del médico forense o perito imparcial y la entrevista entre el juez y el posible incapaz.

¿Quién puede iniciar el procedimiento?

El art. 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula esta cuestión. El procedimiento de incapacitación sólo puede ser iniciado por el presunto incapaz, su cónyuge o quien se encuentre en situación de hecho similar, los descendientes, ascendientes o hermanos de la persona precisando de abogado y procurador para interponer la demanda.

Además de las personas referidas anteriormente, que serán las únicas legitimadas para iniciar el procedimiento, cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación, según lo previsto en el art. 757,3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso, sería el Ministerio Fiscal quien interpondría la demanda, en caso de encontrar indicios suficientes.

¿La incapacitación es para toda la vida?

Los efectos de la sentencia de incapacitación dictada por el juez no impiden que, según establece el art. 761 de la LEC, que pueda iniciarse un nuevo procedimiento cuyo objeto sea dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida.

Dicho procedimiento podrá ser instado por el propio incapacitado, su cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos, el tutor y el Ministerio Fiscal.

Las enfermedades o deficiencias persistentes que impedían el autogobierno pueden variar en el tiempo, por lo que en aras de perseguir siempre el bien para la persona no cabría mantener limitación judicial alguna en su independencia personal o patrimonial.

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